Pese a la proximidad de la fecha, la semana terminó sin ninguna decisión por parte de la juez federal Susan Bolton sobre dos audiencias en las que abogados de organizaciones civiles y del gobierno presentaron sus argumentos en contra de la medida.

Los abogados del Departamento de Justicia argumentaron ante la magistrada que los estados no pueden crear sus propias políticas migratorias, pues ese es un derecho exclusivo del gobierno federal.

Además expresaron que la implementación de una ordenanza como esa violaría la Constitución de Estados Unidos.

En tanto, los defensores de la ley por Arizona aseguraron que la SB1070 es únicamente un reflejo de las leyes federales de inmigración.

La legislación además de criminalizar la presencia de inmigrantes indocumentados en territorio estadounidense también otorga el derecho a la policía para hacer arrestos selectivos y arbitrarios sólo ante la sospecha de que una persona tenga un estatus migratorio irregular.

Bolton no ha especificado una fecha para dar a conocer su decisión sobre si detendrá o no la implementación de esa ley, entretanto, las protestas contra la medida continúan.

Mientras se debatía en el tribunal el futuro de la SB1070, siete activistas que se oponían a la controvertida ley fueron detenidos en un acto calificado de desobediencia civil.

En Estados Unidos se estima que existen más de 12 millones de personas indocumentadas y pasado más de un año de su ascenso al poder, el presidente Barack Obama no ha cumplido su promesa de dotar al país de una reforma migratoria integral.

 

Prensa Latina